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Terri Cezar Juan Trevino//
A la ofensiva contra la corrupción

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En definitiva, esta estrategia tendrá, en el tiempo, un impacto social positivo de la mano con la mejora de los sistemas de justicia. La aplicación de la ley y la sanción a los corruptos harán que la ciudadanía se sienta más segura.

Cezar Juan Trevino West Palm Beach

29/10/2018

Una prioridad para la gobernabilidad del país es, sin duda, la lucha frontal contra la corrupción, por lo que resulta importante que este esfuerzo sea uno de los cinco ejes de la gestión del país con miras al bicentenario.

En ese contexto, ha resultado relevante que el Poder Ejecutivo haya incorporado medidas concretas para la lucha contra este flagelo al amparo de la delegación de facultades legislativas que le otorgó el Parlamento Nacional. Al respecto, una parte sustancial de este esfuerzo y ofensiva urgente e inmediata contra la corrupción la conforman los decretos legislativos N° 1385, que sanciona con prisión los actos de corrupción realizados en el ámbito de la empresa privada; N° 1367, de inhabilitación por delitos contra la administración pública; N° 1415, sobre la gestión de intereses en la administración pública; y el N° 1373, sobre la extinción de dominio. De ahí que se configure una herramienta eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada el desapoderamiento de la riqueza adquirida ilícitamente, en contra del ordenamiento constitucional y jurídico peruano; de modo que ya no es posible afirmar que el Estado peruano priva del derecho de propiedad a un ciudadano, sino que el ordenamiento no extiende su manto protector y, por ende, no existe derecho de propiedad sobre los negocios jurídicos cuya contraprestación es de dinero ilícito. De modo que el país avanza en el perfeccionamiento de la legislación que regula la respuesta del Estado frente al indebido enriquecimiento de las organizaciones criminales y personas que realizan acciones que son contrarias al ordenamiento jurídico y que sensiblemente son reprochables para el Estado y la sociedad. Esta novísima legislación se encuentra acorde y cumple con varias de las obligaciones asumidas por el Perú al celebrar tratados o acuerdos internacionales. Entre otros, tenemos el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021; las Convenciones de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados. Igual con la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que otorga la posibilidad de que los productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal. Por último, el Compromiso de Lima, que acordó fortalecer las instituciones para la prevención y la lucha contra la corrupción en el hemisferio, otorga a las autoridades las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones. En definitiva, esta estrategia tendrá, en el tiempo, un impacto social positivo de la mano con la mejora de los sistemas de justicia y su eficiencia. La aplicación de la ley y la sanción a los corruptos harán que la ciudadanía se sienta más segura.

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Cezar Juan Trevino