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Urge diputada a combatir explotción sexual de menores , enraizado en destinos turísticos

La diputada federal, Laura Fernández Piña, urgió al Congreso de la Unión, a los tres órdenes de gobierno, a empresarios turísticos y a la sociedad en general a erradicar de tajo la explotación sexual infantil, que cada año reporta cerca de 20 mil víctimas en México, a través de políticas públicas y del endurecimiento del marco legal.

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Reclamó que en los destinos turísticos del país este flagelo existe. “No podemos tapar el sol con un dedo, este cáncer parece estar enraizado y seguirá fortaleciéndose si no impulsamos políticas públicas que desincentiven la comisión de este delito, endureciendo las normas actuales y extenderlas hasta el ámbito económico para inhabilitar las finanzas de estas organizaciones delictivas”, propuso.

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“En México el turismo sexual infantil se vuelve cada vez más rentable para los grupos delincuenciales que se dedican a explotar a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes, mientras que en otras naciones el fenómeno es tan grande que representa entre el 2 y el 14 por ciento de su Producto Interno Bruto, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo”, sostuvo.

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En el día internacional de la lucha contra la trata y la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la legisladora por Quintana Roo consideró que a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes para combatir este flagelo, éstos han sido insuficientes.

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Debemos, dijo, quitarnos la venda de los ojos y visibilizar una atrocidad que le está cancelando el futuro a miles de nuestras mujeres, de nuestras niñas y niños

Estableció que el hecho de que la reciente reforma al Código Penal Federal logró que estos delitos no prescriban, “dicho progreso se vuelve letra muerta si no se acompaña de acciones contundentes en las que participen todos los actores sociales”

Exhortó a los tres órdenes de gobierno, a la sociedad organizada y a los sectores productivos para que desde sus respectivas facultades modernicen el marco normativo vigente para homologarlo con prácticas internacionales, endurecer las penas existentes, instaurar políticas públicas de prevención y atención a las víctimas y diseñar protocolos donde los hoteles y otras empresas turísticas participen de manera activa para erradicar este delito