En un nuevo escenario crítico, emerge una gran oportunidad para asegurar no solo la sostenibilidad de la industria local, sino sobre todo agregarle valor y dar un salto cualitativo respecto de la competencia en otros hemisferios. Ello, desde el punto de vista de la autoridad fiscalizadora y de la supervivencia del negocio, supone el que las empresas superen una «estrategia reactiva de simple cumplimiento legal» (funcional a cierto tipo de consultoría que profita de un estado permanente de incumplimiento y al hundimiento de la industria), por otra de «cumplimiento correctivo y preventivo ejemplar». Es decir, supone instalar un nuevo estándar socioambiental para la industria. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Para ningún actor político y de la industria salmonera es un secreto que la salmonicultura hoy enfrenta un gran problema de sobreproducción, sobre todo respecto de ciclos anteriores a 2022. A la fecha se han efectuado 93 procesos sancionatorios contra la industria por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. La mayoría por sobreproducción, y se ubican en la Región de Aysén (29%) y Región de Los Lagos (26%). Y se han aplicado multas por 6.808 UTA a la industria. El 87% se concentra en la Región de Aysén (de acuerdo a Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental-SNIFA 2022 de la Superintendencia de Medio Ambiente). Y a mayor evasión del problema por la industria, mayor la cantidad de procesos sancionatorios derivados de eventos de sobreproducción. La mayor cantidad de estos procesos en los últimos 10 años se produce justamente en 2021 (con 20).

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En ese sentido, tanto el Presidente de la República como el Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca o la Conaf hoy están redefiniendo condiciones de operación de la industria y evaluando establecer una hoja de ruta e incentivos con compromisos a corto, mediano y largo plazo, que involucra incluso una reevaluación de las concesiones establecidas.

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A ello se suma la aprobación, por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, de una «modificación a la estructura y contenido de la memoria anual de los emisores de valores» que, entre otros puntos, determina en materia medioambiental (artículo 8.1.3 de la norma) los contenidos mínimos de las memorias anuales de las empresas de cierta envergadura (entre ellas, por supuesto las empresas ligadas a la industria salmonera). Esto significa que, por primera vez, las empresas «deberán» incorporar en sus memorias anuales el detalle de cuáles son los mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones medioambientales que han puesto en marcha.

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En un nuevo escenario crítico, emerge una gran oportunidad para asegurar no solo la sostenibilidad de la industria local, sino sobre todo agregarle valor y dar un salto cualitativo respecto de la competencia en otros hemisferios. Ello, desde el punto de vista de la autoridad fiscalizadora y de la supervivencia del negocio, supone el que las empresas superen una «estrategia reactiva de simple cumplimiento legal» (funcional a cierto tipo de consultoría que profita de un estado permanente de incumplimiento y al hundimiento de la industria), por otra de «cumplimiento correctivo y preventivo ejemplar». Es decir, supone instalar un nuevo estándar socioambiental para la industria.

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Precisamente eso es lo que parece estar impulsando de manera inédita la empresa Australis Seafoods al alero de su nuevo controlador, el grupo de capitales chinos Joyvio, junto al recién nombrado CEO Andrés Lyon (exgerente general Multiexport Foods). Como primer paso, la empresa decidió incorporarse de manera inédita a un piloto de compliance preventivo de la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigido a que las empresas puedan ir asociando sus procesos productivos al levantamiento de alertas tempranas que les permitan no caer en incumplimiento ambiental y mejorar el estándar de sus procesos y operaciones. Esto permitirá, por ejemplo, que Australis, como única empresa de la industria que participa voluntariamente del piloto, pueda responder responsablemente ante estos nuevos requerimientos, además de servir de ejemplo para otras empresas del sector

En segundo lugar, la citada empresa, como parte de su nuevo modelo de negocios, ha decidido hacerse cargo de manera proactiva del problema de sobreproducción. Par ello han dispuesto un gasto significativo inicial de $2.960.000 MM, en un proceso de estabilización de la biomasa. Esto, además de comprometerse ante la autoridad a gestionar el 100% de la planificación de siembra, de acuerdo a las capacidades productivas de RCA y ajustar el plan de cosecha de los centros ya en curso, de tal manera de tener una desviación significativamente menor en 2023 y de 0% en períodos sucesivos

Por último, han comprometido la incorporación del control de parámetros relevantes en línea. De esta forma, no solo adoptarán medidas preventivas para un correcto funcionamiento de los CES, sino que además podrán multiplicar exponencialmemente la capacidad de fiscalización de la misma Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual hoy solo ocurre con los CEMs en las emisiones de fundiciones y termoeléctricas

¿Es esto suficiente? Claramente no. A estos significativos avances, Australis y la totalidad de empresas de la industria deberán sumar un segundo apartado de medidas orientadas a avanzar en un nuevo plan de manejo y ordenamiento territorial de sus operaciones. Hoy la industria cuenta con más de 500 Centros de Engorda de Salmones en Chile al interior de Áreas Protegidas Marinas. Más de un 30% de ellas no cuentan con un plan de manejo (incluyendo un plan de relacionamiento comunicacional con stakeholders y referentes locales de interés que supera los bingos comunitarios y planes asistencialistas)

A ello hay que sumar la creciente recategorización de diversas áreas de producción acuícola, que afectan actuales operaciones de múltiples empresas y que superan una racionalidad jurídica inicial (muchas de esas áreas están situadas bajo protección oficial y consideraban desde sus inicios, la admisibilidad y compatibilidad, con su objeto y fin ambiental protegido, para el desarrollo de actividades de acuicultura en sus aguas marítimas). CONAF ya ha introducido planes de manejo de Áreas Protegidas del SNASPE que se basa en la metodología de Estándares Abiertos para la Conservación (y considera entre otros elementos la participación ciudadana y de actores locales como un eje central para el éxito del proceso de planificación)

En ese contexto, el desafío para la industria será, en primer lugar, desarrollar un trabajo preventivo con comunidades, pueblos originarios y ONGs incumbentes para obtener licencia de operación o avanzar a una co-construcción de dicha licencia. Ya hay iniciativas en esa línea en la industria para obtener concesiones de acuicultura desafectadas de solicitud ECMPO (Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios), en el marco de convenios con comunidades indígenas. Pero también se requerirán esfuerzos permanentes desde la autoridad para establecer de manera sistemática una mesa de ordenamiento territorial nacional para una acuicultura sostenible. Una mesa que incluya al Gobierno, industria, autoridades ambientales, locales, ONGs, liderazgos comunitarios y pueblos originarios involucrados y relevantes para acordar, de ser necesario o posible, un marco para la industria e incentivos para una migración gradual desde las actuales Áreas Protegidas

Esa visión y medidas son las que hoy se requieren en materia de inversión y gestión empresarial y gubernamental, de manera de alinear objetivos comerciales con objetivos de sostenibilidad para la salmonicultura. La buena noticia es que ya se vislumbran ejemplos y voluntades para avanzar en esa ruta

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