Odebrecht: Justicia panameña envía a dos uruguayos a juicio, ¿cuáles son las razones?
La Justicia investiga la pata panameña del caso Odebrecht , una de las causas de corrupción en América Latina más importantes del último tiempo. La audiencia preliminar se realizó del 12 al 28 de septiembre, el fallo es del 7 de noviembre y los juicios serán del 1° al 18 de agosto de 2023
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La investigación en Panamá por el caso Odebrecht comenzó en 2015, se archivó y volvió a abrirse en 2017. El último avance se dio el lunes, cuando la Justicia resolvió llevar a juicio a 35 personas por presunto delito de lavado de activos -entre los que están los uruguayos Andrés «Betingo» Sanguinetti y el empresario Juan Francisco Mutio – y a una por delito contra la economía nacional. También definió el sobreseimiento provisional para la tercera uruguaya a la que se involucró en el caso, la contadora Maya Cikurel , después de no encontrarse vinculación con los hechos que Fiscalía le atribuyó.
La Justicia investiga la pata panameña del caso Odebrecht , una de las causas de corrupción en América Latina más importantes del último tiempo. La audiencia preliminar se realizó del 12 al 28 de septiembre, el fallo es del 7 de noviembre y los juicios serán del 1° al 18 de agosto de 2023.
En varios países se llevan procesos judiciales vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, en la mira por sobornar a diversos gobiernos y funcionarios públicos para participar en obras públicas millonarias. Para poder hacer los pagos, el grupo creó un Departamento de Operaciones Estructuradas, «utilizando varias sociedades tipo ‘offshore’», indica el fallo al que accedió El País.
La imputación por el delito de blanqueo de capitales de estas personas es porque se encontró que eran «beneficiarios finales» de cuentas que recibían dinero de «actividades ilícitas» del Grupo Odebrecht a través de alguna de las sociedades filiales, señala la sentencia.
Al mismo tiempo, el texto recuerda que «quienes no hayan recibido dinero directamente (…) no significa (que) no tengan cierto grado de responsabilidad» en las actuaciones por fuera de la ley. «Para la imputación de cargos por delito de blanqueo de capitales, basta con que presten colaboración para evadir o eludir responsabilidades por la comisión del delito previo. Es decir, constituir una sociedad, asumir el rol de dignatario, aperturar cuentas bancarias con la finalidad de ocultar al verdadero beneficiario», explica el fallo.
Mutio, de hecho, es acusado de prestar «colaboración a la estructura financiera, creada por Grupo Odebrecht, para encubrir, ocultar y transferir dineros ilícitos (…) hacia diversas sociedades, ocultando así, sus beneficiarios finales», dice el fallo.
La vinculación de Mutio al delito de blanqueo de capitales -continúa el documento- «surge debido a que actuó en calidad de representante legal de la sociedad Sherkson International S.A., donde figura como director, presidente y representante legal»; aunque el «beneficiario final» era Odebrecht. El empresario y otros involucrados, dice el fallo, no eran «beneficiarios reales de las sociedades investigadas, sin embargo, tenían pleno conocimiento de lo actuado».
El cuanto al segundo uruguayo acusado, «Betingo» Sanguinetti, el tribunal llegó a la conclusión de que, a través de BPA Services, colaboró de «forma activa en el entramado societario que mantenía la empresa Odebrecht en la Banca Privada de Andorra, para el pago de supuestos sobornos a funcionarios panameños a través de sociedades controladas por Grupo Odebrecht«.
En el fallo se incluyen los descargos de Sanguinetti, quien «manifestó ser contador público y gestor de la Banca Privada de Andorra«. En ese sentido, indicó que «su única relación con Odebrecht es que fue gestor de sus cuentas en la Banca Privada de Andorra, indicando que los fondos procedían 100% de empresas consolidadas y no consolidadas» y que «las instrucciones sobre transferencias de Aeon Group las giraba Timothy Scorah; y las de Fliendfled las giraba Olivo Rodríguez».
No obstante, Sanguinetti se encuentra a la espera de que la Justicia panameña se pronuncie después de que alegara que no se lo puede juzgar dos veces por los mismos hechos, según supo El País. Y es que en Andorra hay otro proceso judicial por las mismas causas, por el que quedó preso y luego fue liberado.
Claves de la causa en Panamá – Odebrecht realizó pagos corruptos por más de US$ 59 millones a funcionarios gubernamentales de Panamá e intermediarios para obtener contratos de obras públicas.
– Dentro de esta causa están los expresidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), que irán a juicio con los otros 34 acusados.
– Además de los exmandatarios, se imputaron seis exministros y dos hijos de Martinelli, entre otros exfuncionarios, informó el Ministerio Público de ese país en un comunicado.
– Por este caso hay 12 personas con «sentencias condenatorias mediante acuerdo de pena», añadió.
– Fiscalía había solicitado el llamamiento al juicio de una sociedad anónima, pero el pedido se declaró «no viable».
– El lunes se resolvió darle el sobreseimiento definitivo a una persona y, además, se ordenó el levantamianto de medidas cautelares para algunos de los imputados.
«No se ha demostrado vinculación a hechos ilícitos», dice sobre Cikurel La tercera persona a la que involucró la fiscalía panameña fue a la contadora Maya Cikurel – pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira-, acusada de un supuesto delito de lavado de activos. Pero ahora la Justicia decidió darle sobreseimiento provisional, lo que significa que no se investigará más salvo que aparezcan nuevos elementos en otros juicios, según supo El País. Panamá había vinculado a Cikurel con cinco sociedades anónimas utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas.
El fallo del 7 de noviembre dice que no se demostró la participación de Cikurel «debido a que no consta (que) recibió, transfirió o encubrió dineros que hayan sido depositados en la República de Panamá» en determinadas cuentas controladas por Odebrecht, «por lo que no afectó la economía panameña». Y el fallo también añade: «No figura como última beneficiaria de las cuentas relacionadas a las sociedades investigadas, no existe constancia de autos que realizaron transferencias bancarias y no es firmante de las cuentas bancarias de las sociedades a las que se le relaciona, por lo que no ha demostrado su vinculación a los hechos ilícitos que se le atribuyen».