Treinta y seis oficiales militares detenidos por razones políticas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, Venezuela, iniciaron una huelga de hambre el lunes 9 de noviembre para exigir su liberación y denunciar violaciones a sus derechos constitucionales. El grupo, compuesto por 32 sargentos y cuatro tenientes, permanece en carpas en la zona de la cancha del penal militar, protestando contra lo que califican como tratos crueles, torturas y desapariciones forzadas temporales.
Las autoridades del recinto, específicamente el Mayor Ramón Navarro, Jefe de Régimen, han adoptado una medida que familiares calificaron como peligrosa: negar el acceso a agua a los huelguistas. Según denunciaron parientes de los detenidos a Infobea, los militares fueron aislados en la cancha y se les prohibió acceder a los baños e instalaciones de agua, bajo órdenes que supuestamente provienen del director del centro, Capitán de Navío Leover Alfonso Pachano Gómez.
Mileidys Hernández, hermana de uno de los militares detenidos, expresó su preocupación por la gravedad de la situación, ya que tras 48 horas de ayuno sin acceso a agua, los prisioneros no han recibido evaluación médica alguna. Los familiares advierten que la negación de agua agrava significativamente la condición de salud de los huelguistas y constituye una violación adicional de sus garantías humanas.
Los militares, a través de un pronunciamiento escrito, denuncian violaciones sistemáticas del debido proceso y exigen su inclusión inmediata en las mesas de negociación nacional, argumentando que los presos políticos militares han sido excluidos deliberadamente de los diálogos y acuerdos. Sostienen estar en situación de indefensión total, sin representación institucional ni vías efectivas para resolver su privación de libertad, y reclaman la emisión de boletas de excarcelación para quienes ya cumplieron sus condenas.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
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